La trama de pensiones truchas golpea al bloque de Sáenz: imputaron a Orellana y qué pasa con Navarro, su esposa y senadora de Anta

La investigación federal por la presunta trama de pensiones irregulares en Anta alcanzó de lleno al poder político. Entre los 15 imputados aparece el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, integrante del bloque que responde políticamente al gobernador Gustavo Sáenz en la Cámara de Diputados.

La imputación de Orellana no vincula al gobernador Sáenz con la causa. El legislador, sin embargo, forma parte del espacio político oficialista de la provincia, siendo miembro del bloque saencista mayoritario de la Cámara de Diputados, y su situación judicial agrega una nueva dimensión política a una investigación que ya puso bajo la lupa a miles de pensiones y a distintos actores del departamento.

En diálogo con El Caudillo, el fiscal general federal Carlos Martín Amad explicó qué elementos llevaron a la Fiscalía a imputar al diputado.

Según Amad, existen firmas de Orellana en trámites correspondientes a personas que no cumplirían con los requisitos, con documentación que se remonta hasta el año 2011.

Pero el señalamiento de la Fiscalía va más allá de la firma de certificados. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, Orellana habría ofrecido pensiones a cambio de votos a familias cuyos integrantes no padecían las enfermedades requeridas para acceder al beneficio. ¿Votos para quién? ¿Para su campaña? ¿Para la de alguien cercano? ¿Para el Gobernador?

Amad también sostuvo que existen elementos que ubicarían al legislador recomendando a determinadas personas que concurrieran a clínicas específicas, se realizaran determinados análisis o hablaran con personas determinadas para obtener la documentación necesaria.

“Él forma parte de esto”, afirmó el fiscal al describir la participación que le atribuye a Orellana dentro de la presunta operatoria.

¿Y qué pasa con Betina Navarro?

El otro nombre que aparece inevitablemente en la escena política de Anta es el de Betina Navarro, esposa de Orellana y actual senadora provincial por el mismo departamento. Amad fue consultado específicamente sobre su situación y evitó cualquier especulación.

El fiscal sostuvo que no le interesa si una eventual persona investigada es senadora, gobernadora o presidenta: si durante el avance de la causa aparece vinculada a la organización, será imputada. Pero también fue claro respecto del presente de Navarro: “Por el momento no aparece”. Es decir, Navarro no está imputada y el fiscal no la señaló actualmente como integrante de la organización investigada.

La aclaración resulta especialmente relevante porque la investigación tiene como principal foco territorial al departamento que la senadora representa y porque su esposo, Orellana, es uno de los dirigentes políticos alcanzados por las imputaciones.

Por ahora, la Justicia investiga a Orellana y a los demás imputados por sus presuntas responsabilidades individuales. Navarro no forma parte de esa lista.

Una imputación con varios delitos

La Fiscalía imputó a los involucrados por un conjunto de delitos que incluye asociación ilícita, falsedad ideológica en instrumento público y fraude en perjuicio de la administración pública.

En algunos casos también se investigan posibles incumplimientos de deberes de funcionario público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores.

La investigación busca establecer qué función cumplía cada uno de los involucrados y cómo se articulaba la presunta estructura. Amad explicó que, hasta el momento, no encontró indicadores de que exista una única persona instalada en Salta que aparezca como la figura superior detrás de toda la maniobra.

El fiscal describió el expediente como una investigación que apunta directamente a la presunta “fábrica” de certificados apócrifos, con dos hospitales públicos de Anta bajo análisis: los de El Quebrachal y Joaquín V. González.

Una trama que todavía puede crecer

La investigación comenzó a partir de denuncias vinculadas con certificados médicos presuntamente falsos y fue ampliándose hasta alcanzar un universo de miles de pensiones.

Amad señaló que en el área de Anta se detectaron aproximadamente 5.000 pensiones con irregularidades, dentro de un universo más amplio que se encuentra bajo análisis.

Los trámites, según explicó, eran enviados desde la oficina de ANSES de Joaquín V. González directamente hacia Buenos Aires. Allí también existen líneas de investigación sobre otros posibles eslabones de la cadena.

Mientras tanto, los 15 imputados permanecen en libertad y a derecho. La Fiscalía todavía debe desandar buena parte de la documentación y determinar hasta dónde llega la presunta estructura.

La causa, que comenzó como una investigación por certificados médicos irregulares, ahora tiene una dimensión política inevitable: un diputado del bloque oficialista de Sáenz está imputado, miles de pensiones están bajo sospecha y la Justicia todavía busca reconstruir quién hacía qué dentro de la cadena.

Y en Anta, donde la política y la gestión pública se cruzan desde hace años, la pregunta ya no es solamente cómo se conseguían las pensiones. La Justicia busca saber quiénes participaron, durante cuánto tiempo y hasta dónde llegaba la estructura.