Milei y Sáenz premiaron con el RIGI a POSCO, una minera envuelta en controversias: menos garantías para Salta

Mientras el discurso oficial insiste en que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) traerá desarrollo, empleo y progreso, la realidad muestra otra cara. Este viernes, el Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto "Sal de Oro II" de POSCO Argentina SAU SDE al régimen de beneficios extraordinarios, otorgándole ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias para ampliar su explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca.

La Resolución 1157/2026 del Ministerio de Economía autoriza el proyecto, que contempla una inversión de USD 207,9 millones para producir unas 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, destinadas exclusivamente a la exportación. Es decir: recursos naturales argentinos que saldrán al exterior con un esquema impositivo privilegiado mientras las provincias continúan esperando el prometido derrame económico.

Pero el dato político va mucho más allá del anuncio. El beneficio llega para una empresa que ya acumula antecedentes que generan fuertes interrogantes sobre su comportamiento en el país y cuya actividad se desarrolla sobre uno de los ecosistemas más frágiles del norte argentino.

Un antecedente que el Gobierno prefiere no recordar

En febrero de este año, POSCO Argentina reconoció el ingreso irregular al país de más de 500 kilos de ácido clorhídrico, una sustancia peligrosa utilizada en procesos industriales. La causa fue investigada por la Fiscalía Federal de Salta y terminó con un acuerdo de reparación económica de 20.000 dólares destinados a instituciones de la Puna, evitando así la continuidad del proceso judicial.

Lejos de representar un detalle menor, el episodio dejó al descubierto falencias en el manejo de sustancias peligrosas por parte de una empresa que ahora recibe un paquete de beneficios extraordinarios por parte del Estado argentino.

El agua, la gran preocupación

El proyecto de POSCO también se encuentra bajo la lupa por una cuestión que atraviesa toda la minería del litio: el consumo intensivo de agua.

Diversos especialistas, investigadores y organizaciones ambientalistas vienen advirtiendo desde hace años sobre los riesgos que implica la extracción de litio en los salares altoandinos, donde el equilibrio hídrico resulta extremadamente delicado. Si bien no existe una condena judicial específica contra POSCO por daños ambientales en Argentina, sí existen cuestionamientos persistentes sobre la necesidad de controles más estrictos, mayor transparencia en el monitoreo de acuíferos y garantías para las comunidades que habitan la región.

No es casualidad que la propia empresa dedique buena parte de su comunicación institucional a hablar de "consulta previa", "derechos humanos", "diálogo con comunidades" y "mecanismos de reclamo". Son justamente los puntos que históricamente generan mayor conflictividad en la actividad minera.

Beneficios para una multinacional, incertidumbre para los salteños

Con el RIGI, POSCO accederá a un régimen excepcional que incluye importantes ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias. Mientras cualquier pyme argentina enfrenta una presión tributaria creciente, una de las mayores compañías mineras del mundo obtiene un tratamiento diferencial para explotar un recurso estratégico cuya producción ni siquiera quedará en el mercado interno: el carbonato de litio será exportado en su totalidad.

La decisión también llega en un contexto de acercamiento político y comercial entre el presidente Javier Milei y su par surcoreano Lee Jae Myung, quienes este mismo viernes destacaron la importancia de profundizar las inversiones en minerales críticos, energía e inteligencia artificial. En ese escenario, el proyecto "Sal de Oro II" aparece como una pieza clave de la nueva alianza económica entre ambos países.

El litio sale, las dudas quedan

Tanto el Gobierno nacional como el de Gustavo Sáenz presentan estas inversiones como un símbolo del crecimiento que viene para el norte argentino. Sin embargo, la experiencia acumulada en distintos proyectos mineros obliga a hacerse preguntas.

¿Cuánto quedará realmente en Salta? ¿Quién controlará el uso del agua? ¿Qué garantías existen de que los beneficios fiscales para la empresa se traduzcan en mejoras concretas para las comunidades? ¿Por qué una compañía que ya protagonizó un expediente por el ingreso irregular de sustancias peligrosas recibe ahora un régimen de privilegio diseñado para las grandes inversiones?

El RIGI demuestra cuál es la prioridad de los gobiernos de Javier Milei y Gustavo Sáenz: facilitar negocios para las grandes multinacionales del litio con amplios beneficios fiscales y cambiarios, mientras los riesgos ambientales, los controles y las demandas de las comunidades quedan, una vez más, en un segundo plano.