La Merced: A un mes de la muerte del niño Tomas Alancay, denuncian "aprietes" desde la intendencia contra trabajadores para evitar manifestaciones

El municipio de La Merced atraviesa días de fuerte conmoción social tras la muerte del niño Tomás Alancay, ocurrida el pasado 5 de abril. El hecho, que aún se encuentra bajo investigación judicial, impactó de lleno en la comunidad y abrió un escenario de creciente malestar contra la conducción política local.

De acuerdo a los datos que circulan en el ámbito de la causa, José Miguel Plaza, quien al momento del hecho manejaba una camioneta cuyo propietario es el intendente Javier Wayar, atropelló y mató a a Tomás. La situación generó indignación en vecinos que comenzaron a exigir explicaciones institucionales y, en algunos casos, la renuncia del jefe comunal. No obstante, la eventual responsabilidad penal y administrativa de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes.

En paralelo al avance de la causa, en distintos barrios de La Merced se multiplican expresiones de descontento. Vecinos sostienen que el municipio no modificó su modalidad de trabajo pese a la gravedad del hecho y cuestionan lo que consideran una gestión “ineficiente” en el marco del segundo mandato de Wayar, mientras ya se especula con una posible intención de continuidad política.

En diálogo con El Caudillo, Marcelo Pachao, periodista del Valle de Lerma, habló—hasta el momento no formalizadas en sede judicial— sobre presuntas presiones para desalentar protestas. Según estos señalamientos, personas vinculadas al oficialismo estarían recorriendo barrios con el objetivo de desactivar manifestaciones. En ese contexto, se menciona a la asesora legal del municipio, Gabriela Wayar, hermana del intendente, como una de las figuras señaladas en esos relatos. Las versiones indican que existirían advertencias hacia empleados municipales para evitar su participación en reclamos, bajo temor a eventuales represalias laborales.

Estas afirmaciones no han sido confirmadas por canales oficiales ni cuentan, hasta el momento, con pronunciamientos judiciales que las respalden, por lo que deberán ser investigadas en las instancias correspondientes.