IPV: El pacto de fin de año que frenó la construcción de casas en Salta

Mientras miles de familias salteñas siguen esperando una vivienda, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) selló a fin de año un acuerdo administrativo con las constructoras que, en los hechos, significó frenar el reloj de las obras en toda la provincia.

De acuerdo a la Resolución Nº 1075, publicada en el Boletín Oficial, el organismo aceptó suspender los plazos de ejecución de todas las obras financiadas con fondos provinciales entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. Durante ese período, las empresas no corrieron riesgo de multas, sanciones ni penalidades por demoras.

La medida se justificó en la “escasa concurrencia de personal” por las fiestas de fin de año, un argumento que, según fuentes del sector, se repite desde hace décadas. Sin embargo, el contexto actual vuelve al parate mucho más sensible: crisis habitacional, alquileres impagables y miles de adjudicatarios esperando que las viviendas se terminen.

La letra chica del acuerdo expone el verdadero equilibrio de fuerzas. Las constructoras pudieron detener los plazos sin consecuencias, pero a cambio debieron renunciar a reclamar cualquier tipo de costo extra, gasto indirecto o compensación. Un “pacto de silencio” administrativo: el Estado perdona la demora y las empresas aceptan no discutir el precio del parate.

Existen antecedentes desde 1991 y fue aplicado de manera sistemática año tras año. La diferencia es que hoy el impacto social es mucho mayor: cada día sin obra es un día más sin casa para miles de salteños. El acuerdo no pasó por la Legislatura, no fue debatido públicamente y quedó reducido a una resolución administrativa. Mientras tanto, las obras se detuvieron, los plazos se congelaron y las familias volvieron a quedar en la última fila.