¿Tiemblan los políticos? Sin la ley, Sáenz firmó el DNU que obliga a tests toxicológicos en todo el Estado

El Gobierno de Salta firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, una medida que, lejos de leerse como un gesto simbólico, deja flotando una pregunta incómoda: si no había nada que ocultar, ¿por qué fue necesario imponerlo por decreto?

La norma alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, jueces, fiscales, legisladores, intendentes, concejales y a todo personal que ingrese a la función pública. En los hechos, nadie queda afuera del control. Toda la dirigencia política, judicial y administrativa deberá someterse a pruebas para detectar consumo de sustancias psicoactivas.

El DNU establece que los exámenes serán sorpresivos y mediante test rápidos homologados, con posibilidad de análisis confirmatorio en caso de resultado positivo. Para cargos electivos o magistrados, un positivo podría activar mecanismos de remoción como el juicio político o jurado de enjuiciamiento. Para funcionarios designados, directamente la salida del cargo.

La medida, presentada bajo el discurso de la transparencia y la idoneidad, instala en realidad un escenario inédito: el propio Estado admite, implícitamente, que existen dudas sobre la aptitud real de quienes lo conducen. No se trata de un sector puntual, sino de todo el sistema político e institucional puesto bajo sospecha.

Jueces que deben impartir justicia, legisladores que deben dictar leyes, funcionarios que administran recursos públicos y toman decisiones sensibles ahora deberán demostrar algo tan básico como estar en condiciones psicofísicas de ejercer el poder.

Más que un avance heroico, el decreto funciona como un espejo incómodo para la dirigencia: la política salteña entra en etapa de examen general, y la pregunta ya no es quién impulsa la medida, sino cuántos realmente van a pasarla.