Aspirantes a policía recibidos trabajan sin nombramiento: explotación, amenazas y abandono oficial

La postal de la inseguridad en Salta no solo se mide en la calle: también se refleja en las filas de la propia fuerza policial, donde 713 jóvenes que ya terminaron el curso de oficial siguen esperando, desde diciembre de 2023, el nombramiento que les permita cobrar un salario digno y acceder a los derechos básicos de cualquier trabajador del Estado.

Familiares de los aspirantes se reunieron junto a la Fundación Azul para denunciar lo que definen como un atropello y una burla. Los egresados, pese a no estar nombrados formalmente, cumplen funciones reales dentro de la policía y son enviados incluso a operativos de alto impacto. Sin embargo, apenas reciben una beca de $260 mil, suma que resulta insuficiente para cubrir siquiera los gastos de los uniformes, que cada agente debe costear de su bolsillo.

La gravedad se multiplica porque, al no figurar como empleados estatales, no cuentan con ningún tipo de cobertura ni seguro en caso de accidentes. En otras palabras, la policía los manda a enfrentar situaciones de riesgo sin garantizarles la mínima protección legal o laboral. Un abandono institucional que raya lo criminal.

Lejos de atender el reclamo, los familiares aseguran que fueron intimidados por la propia fuerza para que no denuncien públicamente la situación. Las promesas de que “el nombramiento ya saldrá en la próxima tanda” se repiten hace meses sin cumplir, mientras los aspirantes siguen trabajando sin derechos. Intentos de reunirse con las autoridades policiales, entre ellas Bernardo Solá, Diego Bustos y Nicolás Avellaneda, fueron sistemáticamente desoídos.

Hoy, las familias exigen con urgencia el relevo de la cúpula policial, a la que acusan de actuar con indiferencia y complicidad frente al padecimiento de cientos de jóvenes que entregaron su esfuerzo y vocación a la institución.