
[EXCLUSIVO] Dejaron de buscarla, ¿ya no importa?: María Romero, la docente abandonada por el Estado
Salta13/08/2025



En Salta, el caso de María Romero, docente jubilada de 64 años desaparecida en La Silleta, pasó de ser una emergencia a un capítulo clausurado por el propio Ministerio de Seguridad. Así como leés: dejaron de buscarla. Dijeron explicitamente “ya no la buscan más”, sin dar explicaciones, sin visibilidad pública sobre el motivo. Esta decisión revienta cualquier sentido de justicia inmediata y responsabilidad institucional.
María fue vista por última vez saliendo de su casa, sin documentos, sin dinero, solo con su medicación y una campera a cuadros rojos y negros —la misma prenda hallada junto a una zapatilla en la zona del río Arenales, un indicio ominoso que hasta el momento no movilizó otra acción concreta.
Al principio, la angustia colectiva se tradujo en un despliegue urgente: policías, bomberos, personal municipal, perros rastreadores, vehículos 4x4 y hasta buzos explorando cauces y rutas, testigos que dijeron haberla visto en la bajada al río… todo eso quedó congelado en un “hasta ahí llegamos”.
Entre la frustración de la familia, que reclamaba desesperada y sola, y la comunidad en estado de alerta, se terminó impidiendo que la búsqueda continúe. La pregunta que quema es una sola: ¿qué pesa más en esta provincia: una docente desaparecida o los escritorios y balances del Ministerio?
Que el Ministerio decida cortar los operativos sin discusión pública es un acto de violencia institucional: un mensaje brutal que dice “una mujer mayor que desaparece ya no merece que la busquemos”. Un desprendimiento irresponsable y cruel de cualquier compromiso con la vida humana y con la transparencia mínima que exige la ciudadanía.
La provincia le falló. No solo a María, sino a todos nosotros. Porque no buscarla es validar la indiferencia, es normalizar que “un cuerpo” pueda esfumarse sin respuestas ni esfuerzos claros. Es legitimar que los funcionarios privilegien su comodidad sobre la angustia de una familia y el derecho colectivo a saber. El abandono —cuando el poder lo decide— es el peor crimen que puede cometer un gobierno.


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