Escándalo narcocriminal en Villa Las Rosas: Detuvieron al subalcalde por falso testimonio

En la sexta jornada del juicio contra veinte acusados de integrar una red narcocriminal desde la Unidad Carcelaria 1, se presentaron ocho funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Durante las declaraciones, se abordaron los sistemas de otorgamiento de beneficios y los controles de ingreso al penal.

Uno de los testigos, actual subalcalde y exjefe del Pabellón A1, fue demorado por no responder claramente a preguntas sobre un pedido del acusado Sergio Moya relacionado con beneficios de salida. El Tribunal de Juicio, presidido por Federico Diez, le recordó varias veces su obligación de declarar bajo juramento.

El perito informático relató su labor en el procesamiento de un teléfono celular de un acusado, utilizando tecnología forense para extraer tanto datos accesibles como ocultos, enfatizando que su función se limita al procesamiento de datos, dejando la información para la fiscalía.

La jefa del Sector Atención al Ciudadano reveló que es habitual que el personal pida delivery de comida, aunque no recordó un episodio específico de ingreso de pizzas. Admitió haberlo visto en un video y aclaró que su área no revisa los objetos que entran al penal, lo cual es responsabilidad de otro sector.

Otros funcionarios confirmaron la insistencia de Moya por obtener beneficios de extramuros para un interno, presentando solicitudes de diversas maneras.

Una auxiliar administrativa mencionó que uno de los acusados le preguntó sobre el caso del interno Manuel Méndez, cuya solicitud de beneficios fue rechazada por no cumplir con los puntajes mínimos requeridos.

El jefe de Capacitación del penal indicó que los materiales para talleres son adquiridos por un encargado y que no se permite a los maestros recibir dinero de familiares de los internos.

Por último, una empleada del Sector de Registro y Requisa reveló que el penal cuenta con tres escáneres, aunque uno está fuera de servicio. Comentó que es común que los funcionarios ingresen alimentos con autorización verbal de un superior, pero admitió no haber sido capacitada para identificar contrabandos en las imágenes del escáner. Asimismo, indicó que la Oficina de Atención al Ciudadano no posee un puesto de Registro y Requisa.

Una vez finalizadas las declaraciones, el subalcalde demorado fue nuevamente convocado por el Tribunal para responder preguntas adicionales.

Para mañana, martes 12 de agosto, se prevé el testimonio de diez personas más, lo que promete ampliar la complejidad de este caso.